La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha aprobado una trascendental reforma constitucional, impulsada por el Ejecutivo Federal. Esta iniciativa, que obtuvo 29 votos a favor y 11 en contra, establece el aplazamiento de la elección de jueces y magistrados hasta junio de 2028, al tiempo que permite que los procesos de revocación de mandato coincidan con las elecciones federales o locales.
Durante la discusión, la oposición calificó el nuevo dictamen como una “corrección” a la iniciativa judicial fallida de 2024. Por su parte, Morena y sus aliados defendieron estas modificaciones como un “perfeccionamiento” del sistema de elección popular de jueces y magistrados.
Análisis Crítico de la Reforma Judicial Propuesta
La diputada del PAN, Cristina Márquez, anunció su voto particular en contra, considerando la propuesta como un “reconocimiento del fracaso de la reforma judicial de 2024”.
Márquez detalló las debilidades evidentes en el propio documento legislativo, incluyendo: “saturación operativa, aumento drástico de casillas, escasa difusión ciudadana, politización de aspiraciones judiciales, sufragio desinformado, presión presupuestaria, guías de ayuda y una complejidad logística sin precedentes”. Cuestionó fuertemente la continuidad de los métodos de insaculación para la selección de perfiles judiciales.
“La insaculación es completamente opuesta al mérito judicial”, sentenció la diputada.
Claudia Ruiz Massieu, diputada de Movimiento Ciudadano, afirmó que el nuevo proyecto valida que la reforma previa “era errónea, inviable, un atentado contra el Estado de derecho, la división de poderes y el compromiso democrático”.
Advirtió que las problemáticas actuales ya habían sido señaladas desde la aprobación inicial de la reforma. Criticó la persistencia de las instancias políticas en las candidaturas judiciales y denunció que la insaculación había facilitado la aparición de “candidaturas ligadas al crimen organizado”.
“Ya habíamos advertido que someter al voto ciudadano los puestos del Poder Judicial menoscabaría la independencia necesaria para quienes imparten justicia”, enfatizó.
Ruiz Massieu aseguró que la disminución de la confianza internacional en México está directamente relacionada con las modificaciones en el sistema judicial. Alejandro Domínguez, diputado del PRI, consideró que la iniciativa representa “la admisión explícita de que la reforma judicial avalada por la mayoría no funciona en nuestro país”.
Lamentó que la nueva propuesta no aborde aspectos cruciales del diseño constitucional ni elimine los riesgos de politización.
“No abordan las ayudas, no abordan la injerencia de los partidos políticos, no abordan la participación del crimen organizado en las candidaturas”, señaló.
Domínguez también señaló discrepancias entre los artículos 94 y 97 constitucionales respecto a la elección de la presidencia de la Suprema Corte, y cuestionó la posibilidad de unificar elecciones judiciales con procesos de revocación de mandato. En respuesta, Julieta Vences, diputada de Morena, defendió la reforma, argumentando que el modelo de elección judicial se alinea con la voluntad popular.
Vences explicó que el aplazamiento de ciertos procesos electorales judiciales hasta 2028 facilitará “una organización técnica y operativa mucho más eficiente”. Afirmó además que la reducción de candidaturas permitirá que los ciudadanos voten con mayor claridad.
Defendió también la conveniencia de que algunos procesos judiciales y de revocación de mandato se celebren conjuntamente para “optimizar recursos”. Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena y exmagistrada de la Corte, anunció propuestas de modificación, incluyendo una para evitar que futuras elecciones judiciales coincidan con comicios intermedios.
Agregó que buscará resolver “la contradicción existente en la Constitución” y revisar “la rotación escalonada de los órganos de administración y del Tribunal de Disciplina”.
Irma Yordana Garay, diputada del PT, sostuvo que el nuevo esquema busca acercar la justicia a la ciudadanía.
Celebró la participación de “aproximadamente 13 millones de mexicanas y mexicanos” en la elección de ministros, magistrados y jueces mediante voto directo el pasado 1 de junio de 2025.
Manifestó que la nueva propuesta “mejora los procedimientos de selección, evaluación y desempeño de quienes administrarán la justicia”. Ana Quintana, diputada del Verde, coincidió en que la reforma integra “mecanismos dirigidos a incrementar la participación ciudadana, hacer transparentes los procesos de selección y reforzar la legitimidad democrática”.
Subrayó que la primera elección judicial evidenció “desafíos técnicos, operativos e informativos”, y argumentó que las nuevas modificaciones buscan garantizar “certeza, imparcialidad y total confianza pública”. Leonel Godoy, presidente de la Comisión, informó que el dictamen se enviará a la presidencia de la Mesa Directiva, encabezada por Kenia López Rabadán, para su debate general.
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aDB
