El Gobierno de México hizo un llamado al Congreso de la Unión para revisar y precisar el contenido de la nueva Ley de Amparo, con el objetivo de evitar interpretaciones retroactivas que puedan afectar la certeza jurídica en procesos judiciales.
A través de un comunicado oficial, la administración federal expresó su preocupación por posibles efectos adversos derivados de la redacción actual de la iniciativa, particularmente en lo que respecta a la aplicación de la ley en casos ya concluidos o en curso. El Ejecutivo subrayó que cualquier reforma debe respetar el principio de no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional.
La postura del Gobierno se da en el marco del análisis legislativo de la nueva Ley de Amparo, que busca actualizar el marco jurídico en materia de protección de derechos fundamentales. Sin embargo, autoridades federales señalaron que es indispensable garantizar que los cambios no vulneren derechos adquiridos ni generen incertidumbre en resoluciones judiciales previamente emitidas.
El comunicado también destaca la disposición del Gobierno para colaborar con el Poder Legislativo en la revisión técnica de la iniciativa, a fin de asegurar que la reforma cumpla con los estándares constitucionales y fortalezca el Estado de derecho.
La Secretaría de Gobernación reiteró que el respeto a los derechos humanos, la legalidad y la seguridad jurídica deben ser pilares fundamentales en cualquier modificación al sistema de justicia. Asimismo, se reafirmó el compromiso de mantener un diálogo abierto con legisladores, juristas y organizaciones civiles para construir una reforma sólida, clara y respetuosa del marco constitucional.
