La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó la detención de Paloma “N” y Víctor “N”, madre y padrastro de Paloma Nicole, la menor de 14 años que falleció tras someterse a una cirugía estética el 12 de septiembre en una clínica privada.
La operación estuvo a cargo del padrastro, el cirujano plástico Víctor Manuel Rosales Galindo, pareja de la madre de la menor. Días después, Paloma entró en coma y el 20 de septiembre fue declarada muerta.
El padre de la menor, Carlos Saíd Arellano, denunció que nunca dio autorización para la cirugía y que, al ver a su hija en el hospital, ya estaba intubada y en estado crítico. Durante el funeral, el cuerpo de Paloma presentaba cicatrices, implantes y un corpiño quirúrgico, lo que desmentía la versión de una complicación por COVID-19.
La familia paterna denunció irregularidades: el certificado de defunción se expidió apresuradamente y no se realizó la necropsia de ley. Solo tras revisar el cuerpo y reunir pruebas, Carlos acudió a la Fiscalía para exigir justicia.
De acuerdo con reportes, el plan habría comenzado días antes del 11 de septiembre, cuando la menor, presuntamente influenciada por los adultos ahora detenidos, salió de su escuela por un supuesto chequeo médico. La madre informó al padre que Paloma padecía COVID-19 y que se trasladarían a la sierra del estado para “aislarse”, lo que mantuvo a la familia incomunicada.
Sin embargo, Carlos descubrió que su hija estaba en coma e intubada debido a un paro cardiorrespiratorio, y posteriormente se confirmó que la verdadera causa de su muerte fueron complicaciones de la cirugía estética.
Además, se reveló que Paloma Yazmín Escobedo Quiñónez, madre de la menor, ingresó al quirófano haciéndose pasar por enfermera, pese a no contar con registro profesional. La adolescente fue sometida a implantes mamarios, liposucción y lipotransferencia a glúteos, regalos que la madre le había prometido para sus 15 años.
La operación se realizó a pesar de que la menor estaba enferma de COVID-19, aumentando los riesgos anestésicos y respiratorios. Aunque el cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo tiene cédulas profesionales válidas, su decisión de intervenir a la menor sin autorización paterna ha generado un intenso debate sobre la ética y responsabilidad médica.
