Washington, 7 de agosto de 2025. Desde la independencia de Estados Unidos, el país ha realizado un censo nacional cada diez años, siempre al inicio de la década, y contabilizando a todas las personas que residen en su territorio, sin importar su estatus migratorio. Esta práctica está establecida en la Constitución y ha sido una pieza clave para la representación política y la asignación de recursos federales.
Sin embargo, el presidente Donald Trump ha anunciado su intención de modificar esta tradición histórica. Su propuesta plantea adelantar el Censo de 2030 y excluir del conteo a las personas indocumentadas.
Expertos en derecho constitucional señalan que la medida rebasa las facultades presidenciales. Según la Carta Magna, únicamente el Congreso tiene la autoridad para adelantar un censo o cambiar los criterios de conteo, facultad que podría ejercer a través de legislación ordinaria.
La iniciativa de Trump ha generado críticas de organizaciones defensoras de derechos civiles, que advierten que excluir a los indocumentados podría alterar la representación en el Congreso y la distribución de fondos, afectando principalmente a estados con alta población migrante.
