El senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador del grupo parlamentario del PAN, pidió avanzar en acuerdos formales con Estados Unidos para combatir el crimen organizado, el tráfico de armas y el narcotráfico. En entrevista desde el Senado, consideró que la colaboración binacional es esencial para enfrentar problemas transfronterizos, como la circulación de dólares, armas y drogas.
Anaya respaldó la negociación propuesta por el G7 para establecer un marco de cooperación en migración, seguridad y comercio, y pidió reglas claras que eviten decisiones unilaterales. También advirtió sobre los riesgos de entregar información biométrica de mexicanas y mexicanos al gobierno de EE. UU. como parte de la CURP, afirmando que se pondría en riesgo a millones de migrantes.
En temas financieros, se refirió a los bancos mexicanos investigados por lavado de dinero, algunos ligados al expresidente López Obrador. Exigió que las indagatorias avancen sin privilegios, incluso si hay implicaciones políticas. “Caiga quien caiga”, afirmó.
Respecto a la iniciativa contra la extorsión propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, el legislador adelantó que será analizada con apertura, pero subrayó que no bastará con la legislación sin voluntad política y ruptura del pacto de impunidad. “En muchas regiones, el crimen organizado actúa como gobierno”, dijo.
Anaya también cuestionó la estrategia del gobierno anterior en torno al robo de hidrocarburos. Tras el decomiso de 15 millones de litros de gasolina en Coahuila, señaló que la afirmación presidencial de que el huachicol estaba erradicado resultó falsa. “Pemex, aduanas y autoridades locales tuvieron que estar coludidas. Se necesita una investigación a fondo”, sostuvo. Agregó que parte de esos recursos podrían haberse desviado a campañas políticas, lo cual exige transparencia.
Finalmente, celebró que la Fiscalía General de la República haya retomado la investigación del software Pegasus, que habría sido utilizado para espiar a periodistas y activistas. Afirmó que es necesario seguir el rastro del dinero y castigar los abusos, incluso si implican a exfuncionarios de alto nivel.
