Un juez federal en New Hampshire emitió una suspensión temporal contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La medida, considerada una de las más controvertidas del segundo mandato del mandatario, estaba programada para entrar en vigor el próximo 27 de julio.
La resolución judicial fue dictada por el juez Joseph Laplante, quien argumentó que implementar la orden de forma abrupta podría generar “daños irreparables” a miles de personas, especialmente a niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres no cuentan con ciudadanía o residencia legal permanente. El fallo se deriva de una demanda colectiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
Laplante, designado por el expresidente George W. Bush, destacó que la ciudadanía por nacimiento es “uno de los privilegios más importantes que existen” y que su eliminación afectaría directamente a menores nacidos en el país, sin hacer referencia explícita a los derechos de sus progenitores.
La suspensión judicial tendrá una vigencia de siete días, periodo en el que el gobierno federal podrá presentar una apelación. Esta decisión se da en un contexto legal complejo, luego de que la Corte Suprema limitara recientemente la capacidad de jueces estatales para bloquear políticas federales, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo mediante demandas colectivas.
La orden ejecutiva de Trump buscaba negar la ciudadanía automática a niños nacidos en EE. UU. si ninguno de sus padres es ciudadano o residente legal, lo que podría afectar a más de 150 mil recién nacidos cada año, según estimaciones de organizaciones defensoras de derechos migratorios.
